El coronavirus supondrá un incremento de la pobreza energética

La historia del “progreso humano” y el desarrollo se han vinculado en muchos casos con la disponibilidad y el consumo de energía en formas cada vez más intensivas y en cantidades mayores. En consecuencia, la energía para los ciudadanos, los hogares, los gobiernos, las ONG, etc, se ha convertido en una preocupación. Las políticas, los programas y las campañas posicionan el consumo de energía como una necesidad o un derecho esencial que se debe cubrir e, indicándose que la energía y bienestar están interconectados.

La pobreza energética (PE), también reconocida a través de términos como “pobreza de combustible” y “vulnerabilidad energética”, ocurre cuando los hogares no son capaces de mantener unas temperaturas mínimas de confort térmico o de tener servicios energéticos disponibles o a un costo asequible. La pobreza energética es una consecuencia de los altos precios de la energía, bajos ingresos familiares, edificios con una baja eficiencia energética y electrodomésticos ineficientes; así como, de las necesidades, características y prácticas energéticas de los ocupantes en las viviendas. La PE, además, tiene efectos adversos sobre la salud física de las personas, y se ha asociado con el exceso de muertes en invierno en muchos países europeos.

Este concepto es relativo y las variables que lo componen adquieren mayor o menor relevancia dependiendo del territorio donde se esté observando, el sector social o las circunstancias económicas.

En España en 2018 existían 19,1 millones de personas residentes que sufren condiciones de vida asociadas a la pobreza energética, es decir, el 41 % de la población. Además, podría ser responsable de unas 7.100 muertes prematuras al año. En Andalucía, se estima que más de 700.000 personas no pueden mantener su hogar a una temperatura adecuada en invierno y en verano, siendo la a sexta comunidad autónoma con un mayor porcentaje de población en situación de pobreza energética.

El Gobierno de España creó distintos bonos sociales para reducir los datos sobre PE. El bono social es un descuento en la factura asociada con el nivel de vulnerabilidad de los consumidores:

  • De un 25% para consumidores vulnerables.
  • De un 40% para consumidores vulnerables severos.
  • Si además, se es un consumidor en riesgo de exclusión social, porque se está siendo atendido por los servicios sociales de una administración autonómica o local que paguen al menos el 50% de la factura, no se tendrá que hacer frente a la factura eléctrica y, en caso de imposibilidad temporal para hacer frente al pago, no se podrá interrumpir el suministro eléctrico.

Indudablemente la situación actual que estamos viviendo de cuarentena supondrá para muchas familias un mayor consumo de energía en los sistemas de iluminación, de equipos (TV, PC, etc) y de los sistemas de climatización. Este incremento en la facturación vendrá en muchos casos acompañada de menores ingresos debido a los despidos y a los ERTE, donde los trabajadores pasan a cobrar un 70% de la base de cotización en base a un cálculo con los 180 últimos días cotizados. Además, los trabajadores por cuenta propia tendrán en general un menor volumen de ingresos puesto que inevitablemente se está produciendo una desaceleración económica.

Sin duda, es importante que el Gobierno y las administraciones autonómicas o locales implementen medidas que ayuden a paliar dicha circunstancia. Ya existen varias iniciativas en Change.org donde se solicitan ayudas para reducir el impacto de la situación en los hogares de menos ingresos.

Os animo a firmar las peticiones y compartirlas para que mañana no suframos más pobreza energética que hoy.

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Oriundo de Benalup y, académico e investigador de la Universidad del Bío-Bío. Dentro de mis principales líneas de investigación se encuentran la rehabilitación, el confort ambiental, la eficiencia energética y la pobreza energética.   

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