El supuesto ala neoliberal o menos socialdemócrata, por llamarlo de alguna manera, del PSOE presente en el gobierno del país ha tenido que claudicar, por ahora, en lo que respecta a la reforma laboral y del sistema público de pensiones. Los ministros y ministras de Economía, Hacienda y de Seguridad Social entre otros pretendían dejar intacta la reforma laboral, así como, ampliar los años de cotización para las pensiones.
El acuerdo para el gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, del que participaba los sindicatos, recogía derogar, al menos, los aspectos más lesivos para los trabajadores de la reforma laboral del PP, y después de tensos dimes y diretes, así se ha comunicado a la Unión Europea y así se va a tramitar, pese a todo.
Respecto a la reforma del sistema público de pensiones enviada a Bruselas ha desaparecido las pretensiones de aumentar los años de cotización para el cálculo de las pensiones a 35 años, lo que iba a originar una reducción del 6% de las futuras pensiones.

Ambas cuestiones eran parte del acuerdo de gobierno y como tal se ha hecho entender que había que cumplir y así se va a tramitar, salvo sorpresa de última hora.
La importancia de estas cuestiones, no solo está en el fondo y la trascendencia de las mismas y que voces más autorizadas están dando buena cuenta de ellas, en este caso, voy a reflexionar, aunque sea mínimamente, respecto a una derivada política de la misma.
Dado que ninguna voz de la dirección del PSOE federal, ni de las baronías autonómicas, han salido para discrepar de las pretensiones de esa ala neoliberal del gobierno de coalición, quiere decir, que o están de acuerdo o que no se atreven a disentir por la razón que sea. Esto es que, de gobernar el PSOE en solitario, no se derogarían o se harían mínimamente los aspectos más lesivos para los trabajadores de la reforma laboral del PP, y que las pensiones futuras sufrirían una reducción del 6% al aumentarse el periodo del cálculo a 35 años de cotización. Aunque es evidente, no me resisto a señalar que es lo que lo ha hecho posible, pues sin duda la presencia de Unidas Podemos en el gobierno del país, y el apoyo que recibió el acuerdo de coalición por parte de los grupos de izquierdas y progresistas de la cámara baja y de los agentes sociales como los sindicatos.
La clase trabajadora de este país debe reflexionar y ser consciente al respecto, no dejarse llevar por los cantos de sirenas y, más allá, de que los modos, las formas y los aspectos físicos gusten más o menos, identificar quienes son los que más se preocupan y llegado el caso, contra viento y marea, están dispuestos a soportar toda clase de presiones, poniendo en valor la representación que le han otorgado las urnas y en función de ella velar por sus intereses. Ya lo demostró el PSOE con la mayoría absoluta de Zapatero de manera fehaciente con su lamentable reforma laboral que a la postre abrió las puertas a la actual reforma laboral del PP.
El PSOE, por sí solo, no fue, ni es, ni será garantía para llevar a cabo políticas económicas y sociales netamente de izquierdas y necesarias para recuperar derechos perdidos y robados a la clase trabajadora. Si se le puede sustituir mejor, en cualquier caso, se hace necesario dar más peso y mayor representación a quienes de manera inequívoca están dispuestos a llevar a cabo reformas estructurales que garanticen los derechos a la mayoría social y a los más desprotegidos.
No hay otra y los hechos así lo corroboran.